Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el próximo sábado, 17 de octubre, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y su Movimiento Asociativo lanzan la campaña “Discapacidad es pobreza para 1 de cada 3”, para alertar de que una tercera parte de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión y reclamar medidas urgentes para atajar esta situación agravada por la pandemia de la COVID-19.
Con esta campaña, COCEMFE y su Movimiento Asociativo realizarán diferentes acciones de concienciación, con el objetivo de visibilizar la mayor incidencia de la pobreza y exclusión en las personas con discapacidad, las razones de esta realidad, y cómo se ha visto acentuada por la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19.
La complejidad, transversalidad y multifactorialidad de por qué la pobreza y la exclusión social tienen mayor incidencia en las personas con discapacidad se abordarán a través de datos que demuestran esta realidad y a través del testimonio real de cuatro personas que actualmente se están enfrentando a ello. Personas de diferentes edades y territorios que sufren carencias materiales y personales por tener falta de empleo, precariedad de vivienda e ingresos insuficientes, todas ellas con situaciones provocadas o agravadas a causa de su discapacidad.
“La pobreza en las personas con discapacidad tiene una incidencia mayor que en el resto de la población, porque a los gastos habituales que tiene cualquier persona se suman otros directamente relacionados con la condición de discapacidad, mayores dificultades para encontrar empleo y unos ingresos incompatibles con una vida digna”, explica el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien reclama “mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legislación vigente y, con ello, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como la renovación de la normativa con medidas dirigidas a lograr la plena inclusión y erradicar la incidencia de la exclusión y pobreza en este grupo social”.
El 17,7% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso, el 16,9% no puede comprar medicamentos, el 8,5% vive en una vivienda precaria, el 6,2% no puede permitirse comer carne o pescado a diario y el 48,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. En cuanto al género, casi tres de cada cuatro personas con discapacidad que están bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres y en el 40% de los hogares donde viven mujeres con discapacidad solas ingresan menos de 500 euros mensuales. A nivel mundial, en los países de ingresos bajos, las personas con discapacidad tienen un 50% más de posibilidades de experimentar dificultades financieras debido al gasto directo en salud y el 98% de los niños y niñas con discapacidad no recibe educación ni rehabilitación.
Por ello, COCEMFE y su Movimiento Asociativo defienden la puesta en marcha de medidas urgentes dirigidas a avanzar en la incorporación al mercado de trabajo, la colaboración con las entidades especializadas representativas, el aseguramiento de la obtención de ingresos, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios, así como el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones con especial incidencia en la accesibilidad universal.
“Tener garantizada la autonomía personal es imprescindible para limitar la incidencia de la pobreza en nuestro grupo social”, asegura Queiruga, que añade que “la accesibilidad es un factor decisivo, sobre todo en zonas rurales”, puesto que “las barreras dificultan acceder al colegio, a la universidad, y por tanto, conseguir un trabajo y los ingresos para disfrutar de una vida digna”. Todas las acciones de COCEMFE y su Movimiento Asociativo están dirigidas a incidir de forma transversal y que las personas con discapacidad en riesgo de exclusión y pobreza cuenten con unos recursos suficientes y de toda índole para tener una vida independiente.
Esta campaña se ejecuta a través de una subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
