COCEMFE, en colaboración con la Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID), Comunidad de Madrid y Fundación Once ha llevado a cabo la jornada ‘¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad en situaciones de emergencia?’, realizada en el marco del proyecto ‘Derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en la recuperación de la crisis sanitaria en Perú’. En el acto participaron organizaciones de mujeres con discapacidad de la sociedad civil e instituciones del Estado para abordar la importancia de las políticas públicas efectivas en contextos de emergencia.
La primera jornada de trabajo se realizó entre las organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos e instituciones del Estado y de la cooperación internacional, con el objetivo de proponer soluciones a la situación que viven las mujeres con discapacidad durante los desastres naturales en Perú.
Durante sus intervenciones, representantes del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Humanity & Inclusion (H&I), Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP), Fraternidad de Personas Enfermas y con Discapacidad (FRATER), Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú (Fenamudip) y el presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza reforzaron la necesidad de llevar a cabo programas y políticas específicas y diferenciadas.
En este sentido, la representante de la CODIP, de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y de la Red de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres y Discapacidad de América Latina y el Caribe (Red GIRDD-LAC), Rosa Juárez, afirmó que “las mujeres con discapacidad enfrentan cada día diversas barreras y muchos tipos de violencia en todos los contextos”.
Las autoridades públicas del país andino no tienen un registro de datos actualizado que muestre la realidad de este problema y que permita crear políticas públicas realmente efectivas. A este respecto, la presidenta de Fenamudip, María Laura Chuquilin, subrayó “la importancia de esta actividad donde se promueve la participación y discusión de planteamientos en favor de las mujeres con discapacidad”. Por su parte, la coordinadora adjunta del núcleo de San Martín de Porres – Lima, de FRATER, Carmen Cutipa, incidió en que “se debe invertir más en prevención y preparación con participación de las personas con discapacidad”.
En esa línea, el presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, sostuvo que uno de los problemas que tiene Perú es que “las personas con discapacidad no están al 100 por ciento integradas en el centro de las políticas públicas. Y esa es la manera en la que el Estado trabaja y actúa: reproduce las desigualdades y las profundiza”.
Además, cabe recordar que los gobiernos locales y regionales son parte de esta problemática, ya que no hacen un llamamiento a la acción del gobierno central para que este, destine dinero público para mejorar y ampliar las infraestructuras adecuadas para las personas con discapacidad.
Según informó la directora general de Control y Prevención de la Discapacidad del Ministerio de Salud, Patricia Sernaqué, existe un bajo número de personas con discapacidad certificadas. De este modo, solo un 44% de mujeres ha recibido su certificado de discapacidad, siendo las ciudades de Pasco y Puno, y las regiones de Ica y Lima las zonas que cuentan con mayor número de personas con una discapacidad certificada. “En nuestro registro de salud no existe la variable discapacidad. Por eso, cuando se nos pregunta sobre las personas con discapacidad que han sido atendidas o han fallecido, inclusive en época de COVID, nuestra respuesta es “no lo sabemos”, ha afirmado Sernaqué.
Por su parte, Edgard Zapata el arquitecto del INDECI, comunicó que la Presidencia de Consejo de ministros, a través de la gestión inclusiva de riesgo de desastre y acciones de atención a las personas con discapacidad, ha aprobado la propuesta de su institución en la que se establece que las actividades a realizar deben considerar el enfoque de derechos, la gestión inclusiva y la interculturalidad y, además, que los gobiernos locales y regionales deben implementar dichas directrices.
Asimismo, Erika Cienfuegos de H&I, presentó un protocolo de atención a violencias basada en género en situaciones de emergencia que propone acciones para la atención de personas altamente vulnerables, como mujeres víctima de violencia y grupos en situación de discapacidad proporcionando los profesionales de la política un conjunto de fundamentos y herramientas que contribuyan con eficiencia y eficacia a su labor.
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