La sanidad española tiene déficit de atención a las personas con discapacidad. Así lo han alertado el Observatorio de la Discapacidad Física y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que han coincidido en criticar la falta de accesibilidad tanto en las instalaciones como en los servicios y procesos que ocurren durante un servicio de atención médica, cuando la cobertura sanitaria universal, que es para todas las personas y en cualquier lugar del territorio nacional, debería garantizarla.
Las entidades critican también la escasa calidad de la prestación ortoprotésica, de la que dicen que tampoco incluye los productos necesarios para garantizar la autonomía personal del paciente. Según el CERMI y el Observatorio de la Discapacidad Física, dichas prestaciones deberían estar exentas de copago.
En la misma línea, denuncian que las compañías de seguros sanitarios no permiten la contratación de algunos de sus servicios a personas con discapacidad, independientemente de si han nacido con ella o de si es sobrevenida, y en el caso de aceptar su contratación es a cambio de costes elevados.
Ambas entidades se han referido también a la práctica de esterilizaciones forzosas contra mujeres y niñas con discapacidad, de las que dicen que es una violencia que actualmente sigue vigente y se consiente, impidiendo a las víctimas el derecho a elegir sobre su vida; sobre su sexualidad o sobre si quieren o no ser madres.
Por otra parte, el CERMI ha considerado imprescindible la reforma de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia, “para crear legalmente un espacio sociosanitario basado en la centralidad de la persona que precisa de apoyos sociales y sanitarios, que han de ser provistos de modo holístico, integral y coordinado por los servicios sociales y de salud, a través de itinerarios individualizados, siguiendo metodologías flexibles aplicadas a la gestión del caso”.
Así las cosas, las entidades exigen el derecho universal a la protección de la salud y a la atención sanitaria garantizada, así como la plena accesibilidad del sistema sanitario español, en servicios, instalaciones y procesos.
