El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Gobierno que extienda la aplicación del bono social energético a los hogares en que residen personas con discapacidad, como “consumidores vulnerables”.
Así lo ha manifestado la directora ejecutiva de la asociación, Pilar Villarino, que ha hecho hincapié en el mayor riesgo de pobreza energética del colectivo, en un marco en el que “el 11% de la población reconoce no poder mantener su hogar a una temperatura ambiente adecuada por falta de recursos económicos”.
Esta mayor probabilidad de sufrir pobreza y, más concretamente, pobreza energética, se debe, según ha indicado, al “sobrecoste” que supone para las familias la discapacidad de alguno de sus miembros, así como la mayor permanencia en el hogar de las personas con discapacidad, lo que incrementa su consumo de energía.
Además, ha indicado que este riesgo se agrava en el caso de las mujeres que sufren discapacidad, cuya salud y autonomía personal “se ve más afectada” en caso de encontrarse en situación de pobreza energética.
Villarino ha participado en una mesa redonda titulada ‘El binomio pobreza energética y discapacidad’ en el marco del programa ‘Hablamos de Europa’ impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en el que también han participado la eurodiputada de Izquierda Unida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Parlamento Europeo Paloma López Bermejo y la esponsable del Área de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), Carmen Redondo.
Durante su intervención, la eurodiputada de IU ha señalado la “urgencia de potenciar las energías renovables” para generar empleo que puede revertir en las personas con discapacidad y ha criticado la “penalización a quienes consumen energía pero también la producen” que, a su juicio, representa la tasa aprobada por el actual Ejecutivo para quienes generan su propia energía pero siguen conectados a la red eléctrica.
Por su parte, Redondo ha denunciado el encarecimiento de las tarifas que, según ha indicado, se ha producido tras la liberalización del mercado energético y ha pedido la articulación de “una completa política de apoyo” para proteger a los consumidores más vulnerables ante el riesgo de no poder pagar el consumo energético que precisan. “Hay consumidores que si no se les ayuda no conocen los beneficios que pueden tener”, ha advertido.
Además, ha reclamado mayor control sobre las “prácticas abusivas” en la captación de clientes por parte de las empresas del ámbito energético y se ha mostrado convencida de que “muchas veces se centran en consumidores vulnerables y acaban teniendo condiciones peores”.