La violencia de género constituye una amenaza a los derechos humanos, entre ellos, la vida, la integridad física y psíquica, la salud, la seguridad y el bienestar económico y social de sus víctimas.
Durante el estado de alarma y la obligada necesidad de permanecer confinadas en el hogar junto con su agresor, esta situación se agrava y las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género quedan completamente expuestas y desprotegidas, sin mecanismos de defensa ni cauces para comunicar o denunciar su situación.
El Estado debe garantizar el ejercicio de derechos de toda la ciudadanía y muy especialmente en una situación de alarma sanitaria como la que estamos viviendo. Las regulaciones normativas deben prestar atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad, pues son éstas las que mayor protección necesitan. Las mujeres y niñas con discapacidad tienen derecho a que se legisle también para ellas.
Muchas mujeres con discapacidad no tienen acceso a medios tecnológicos que garanticen su protección frente al agresor como puede ser la mensajería instantánea o la geolocalización para su seguimiento, como establece el Real Decreto Ley publicado en el boletín oficial del estado en el día de hoy, de modo que, deben ser las administraciones competentes quienes garanticen que las mujeres con discapacidad también puedan acceder al sistema de protección de víctimas de violencia de género durante el estado de alarma.
Además, entendemos que es de vital importancia la articulación de mecanismos para facilitar y sensibilizar sobre denuncia anónima por parte del entorno social y familiar de las víctimas que, debido a su dependencia del agresor, no pueda denunciarlo por sí misma.
Por todo ello, solicitamos al Gobierno que revise la redacción del Real Decreto Ley de modo que todas las medidas que se establecen para paliar las situaciones de violencia de género en el hogar sean accesibles desde el punto de vista físico, cognitivo y sensorial; y que se regulen mecanismos específicos para que las víctimas de violencia de género con discapacidad puedan acceder a los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros en igualdad de condiciones que el resto de mujeres.
