En la mañana de ayer, jueves 10 de septiembre, una mujer con discapacidad fue asesinada a manos de su pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz). El presunto homicida fue detenido inmediatamente, tras su intento fallido de suicidio y se ha abierto una investigación policial para el esclarecimiento de los hechos.
Precisamente en el día de ayer se publicaba la ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y en la que se pone de manifiesto la altísima vulneración que tienen las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista tanto en el entorno de pareja como fuera de ella, sin embargo, no se contempla la estadística de mujeres con discapacidad asesinadas.
Las mujeres y niñas con discapacidad somos más vulneradas puesto que la violencia se presenta en múltiples contextos (institucional, sanitario, familiar, social, etc.), muy especialmente cuando esta es ocasionada por parejas o personas del entorno familiar convivientes, puesto que estamos más expuestas a las agresiones, se depende del cuidador y no disponemos de mecanismos de defensa y protección que sean accesibles universalmente para prevenir, denunciar o pedir ayuda.
Por otro lado, nos encontramos con que habitualmente las mujeres con discapacidad que desean denunciar situaciones de violencia se encuentran con dificultades añadidas como la falta de credibilidad de sus testimonios, las dificultades de comunicación, los estereotipos sociales preexistentes, a la subjetividad de la interpretación de los hechos cuando la denunciante es una mujer con discapacidad, a la dependencia respecto de una tercera persona o el menor acceso a la información para ejercer sus derechos, y falta de accesibilidad universal a los recursos específicos de las mujeres víctimas de violencia entre otros.
Desde CEMUDIS denunciamos que el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de algún tipo de violencia y una de cada cuatro mujeres que han vivido violencia física o sexual han adquirido su discapacidad por las agresiones de sus parejas. Este es un dato lo suficientemente grave como para que los poderes públicos implementen medidas específicas para la erradicación de la violencia machista teniendo en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad y estableciendo procedimientos especializados para asegurar su protección ante cualquier tipo de violencia ejercido hacia ellas.
