COCEMFE CV y COCEMFE Valencia expusieron el pasado jueves sus líneas estratégicas de actuación sobre discapacidad al alcalde de Valencia, Joan Ribó, y a la responsable del área de Desarrollo Humano, Consol Castillo, entre las que destacan la creación de una mesa de participación sectorial y la inclusión de cláusulas sociales que beneficien el empleo entre el colectivo en los nuevos contratos de la administración.
En el marco de la entrevista, la entidad de utilidad pública propuso la creación de una mesa de participación sobre discapacidad a través de la cual se proponga soluciones en todos los ámbitos de la discapacidad. De este modo, planteó la creación de una oficina técnica municipal de accesibilidad que aborde la adecuación de la normativa municipal a la legislación vigente, ya que en la actualidad se aplica normativa obsoleta desde el año 2006.
Desde la ONG, aseguran que a través de esta herramienta podría gestionarse la dotación de pisos adaptados municipales en régimen de alquiler de tipo social para garantizar una vivienda en casos de desahucios de personas con discapacidad y evitar así situaciones como la vivida los días pasados por Rosa, una vecina de Valencia de 70 años con un 72% de discapacidad, que está pendiente de la ejecución de su desahucio.
En esta línea, Javier Segura, presidente de COCEMFE CV, emplazó a Ribó a adoptar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la UNO, ratificada por España en 2008. Segura ha querido dejar clara la importancia de adoptar esta nueva normativa, después de 7 años de su aprobación: “Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, ya que supone la asunción de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos”.
En este encuentro, enmarcado dentro de la ronda de contactos iniciada por la entidad de utilidad pública el pasado mes de julio, Segura destacó la importancia de que la administración pública se comprometa a incluir en los pliegos de licitación cláusulas sociales en los nuevos contratos de obras y servicios, en los que se prime a las empresas que sobrepasen el porcentaje del 2% de contratos a personas con discapacidad que establece la ley para empresas con más de 50 trabajadores, o en los que se establezca la contratación de Centros Especiales de Empleo (CEE), con el objetivo de fomentar el empleo entre el colectivo de un modo socialmente responsable. Por su parte, tanto el alcalde como la concejala se comprometieron a estudiar las ciudades propuestas por Segura como ejemplo para esta iniciativa, como son Avilés o Barcelona.
Por otro lado, tanto las ONG representantes de la discapacidad física y orgánica como Ribó y Castillo se mostraron de acuerdo en una revisión del actual Bono Oro de la EMT, para que las personas con un alto grado de discapacidad puedan acceder a este recurso, en especial aquellas que utilizan el transporte público para llegar a sus puestos de trabajo.
