La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere hacer un llamamiento a la Administración General del Estado para que garantice el derecho de sufragio de las personas con discapacidad en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 24 de mayo, en cumplimiento de la normativa nacional vigente y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ratificada por España.
“Reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad es todavía necesario debido a los múltiples obstáculos que se presentan no solo en los locales electorales, sino también en el itinerario hasta llegar a los mismos” destaca el presidente de COCEMFE, Mario García.
En ese sentido, la Confederación exige que no se vulnere este derecho fundamental contando con locales accesibles donde votar de forma secreta y libre, y proporcionando transporte accesible y gratuito para todos los electores con discapacidad o movilidad reducida que lo necesiten.
Asimismo, la entidad anima a los electores con discapacidad que sean víctimas de cualquier tipo de discriminación a que lo denuncien ante la Junta Electoral que corresponda a su territorio para, de este modo, se puedan adoptar medidas dirigidas a solventar dicho problema de cara a posteriores comicios como las elecciones generales de este año.
“Las reivindicaciones de las asociaciones de discapacidad y las denuncias de las personas perjudicadas directamente son las que están permitiendo que cada vez más personas del colectivo puedan ejercer de forma efectiva su derecho al voto, y por eso es tan importante facilitar a las autoridades la elaboración de los informes y estudios de accesibilidad y no discriminación que tras cada proceso electoral se deben realizar”, señala el presidente de COCEMFE.
La normativa a cumplir
El Reglamento sobre condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales (Real Decreto 422/2011), establece la obligación de proporcionar un medio de transporte gratuito a toda persona con movilidad reducida que quiera ejercer su derecho a voto en los casos en que no exista transporte público accesible.
Igualmente, para el correcto ejercicio del derecho de sufragio activo, los locales electorales deberán ser accesibles y las secciones y mesas electorales tendrán que estar bien señalizadas. Además, deberá estar garantizada la privacidad y el secreto del voto de las personas con discapacidad con la reserva de espacios específicos y accesibles.
Además, los miembros de las mesas electorales tendrán la obligación de velar para que los electores con discapacidad puedan ejercer su derecho de voto con la mayor autonomía posible adoptando para ello los ajustes razonables que resulten necesarios.