El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la tasa de copago aplicada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en los servicios sociales.
En concreto, el recurso de inconstitucionalidad, que fue presentado por el PSOE el pasado 30 de marzo, va contra los artículos 35 y 44 de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/2014 de 22 de diciembre, de medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, que regulan el copago a las prestaciones por Dependencia en dicha comunidad.
El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ximo Puig Puig, aseguró cuando presentó este recurso que “es increíble que un Gobierno que ha dilapidado 300 millones de euros en la Fórmula 1 ahora para ahorrar 7 millones aniquile la vida y el proyecto de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas”.
Dijo que se trata de “un recurso contra la indecencia” y subrayó que la problemática de la dependencia en la Comunidad Valenciana es “enorme” porque las personas dependientes están “doblemente castigadas”. Se trata, matizó, de un “recurso contra un decreto concreto que intenta laminar los derechos básicos de los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Joan Planells, ha señalado que su entidad es políticamente neutral pero matizó que “esto no quiere decir que tengamos que transigir con la indecencia”.
Planells agregó que “no podemos permitir que la gente tenga que abandonar los centros por un copago capaz de vulnerar cualquier ley, como la ley de la Seguridad Social o el Código Civil”, porque “contra la discapacidad parece que todo vale”.
Por último, agradeció al PSOE su apoyo y lamentó las restricciones existentes en el acceso al Tribunal Constitucional, ya que hacen falta 50 diputados o senadores para presentar un recurso. “Esto tiene que cambiar porque no puede ser tan difícil acceder al Constitucional cuando el ciudadano vea restringidos sus derechos”, concluyó.
El CERMI Estatal ha puesto en marcha una campaña para recoger 500.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que modifique la Ley de Dependencia y Autonomía Personal, de manera que se establezcan unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social.