La Plataforma del Tercer Sector considera que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana “no es necesaria y no refleja las prioridades y preocupaciones que hoy tenemos en la sociedad” y supone un “gran retroceso para los derechos civiles y sociales”.
Así lo pone de manifiesto en un comunicado en el que también asegura que el proyecto legal “dificulta enormemente el objetivo principal que ha de tener una Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos”.
Por todo ello, expresa su “profunda preocupación” por el texto final aprobado el pasado jueves en el Congreso, que salió adelante únicamente con los votos del Grupo Parlamentario Popular y el rechazo del resto de formaciones políticas, y que sólo recogió, recalca la plataforma, “52 enmiendas de tipo técnico de las 260 enmiendas presentadas al proyecto durante su tramitación”.
En su comunicado, la Plataforma del Tercer Sector insta al Senado a aprovechar la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta para atender las propuestas que entidades sociales, partidos políticos, plataformas ciudadanas, juristas y organismos internacionales (tanto europeos como Naciones Unidas) han estado planteando en los últimos meses.
En concreto, la plataforma reclama que se atiendan en particular las propuestas que se centraban en garantizar los derechos de todas las personas, en especial de las más vulnerables y en riesgo de exclusión.
Entre otras cosas, la organización denuncia que el proyecto de ley no incluya la prohibición expresa de llevar a cabo identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos y que conllevan un acto de discriminación directa, que no garantice las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad o que castigue con sanciones económicas que pueden llegar a los 30.000 euros situaciones como el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle o el denominado “sinhogarismo”, que afecta a colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
La plataforma cuestiona también la modificación de la regulación actual del registro domiciliario, al entender que elimina garantías muy básicas, y la limitación a menores de edad de la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento.