La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) denuncia que el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no reciben de forma frecuente y continua los servicios sanitarios y sociales que necesitan, situación que se acentúa todavía más en el caso de las mujeres con discapacidad (80%).
Así lo constata el ‘Estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España’, realizado por COCEMFE gracias a una subvención procedente del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo y con la implicación directa de más de 800 personas entre personas con discapacidad física y orgánica, el Movimiento Asociativo de COCEMFE, personal gestor y profesional de la sanidad pública y de los servicios sociales y personas expertas.
El responsable del Área de Cohesión Social y Coordinación Sociosanitaria de COCEMFE, Alejandro Fernández, ha presentado este miércoles este estudio de investigación durante la ‘Jornada sobre discapacidad orgánica: hacia un enfoque integrador para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica’, organizada por la entidad en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
“Con este estudio, desde COCEMFE planteamos la coordinación sociosanitaria como una propuesta orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, con un abordaje estructural”, ha afirmado Fernández, detallando que “va desde las políticas públicas hasta los niveles más concretos de intervención directa, pasando por los segmentos de coordinación, planificación, gestión y despliegue de las políticas”.
Sin embargo, la realidad que se extrae del estudio pone de manifiesto que las carencias actuales en los servicios públicos obligan a la mayoría de las personas con discapacidad física y orgánica a recurrir a servicios privados para poder disponer de los servicios, tratamientos o productos que necesitan, provocando unos sobrecostes mensuales para el 81,6% de las personas de este grupo social superior a los 50 euros mensuales (entre 50 y 200 euros para el 44% de las personas encuestadas y de más de 200 euros para el 37,3%).
El estudio establece que una de las vías de acción para afrontar los retos existentes en materia sociosanitaria y, en concreto, evitar solapamientos, interrupciones, demoras o incluso errores en la prestación de servicios es el acceso a una información compartida y la interoperabilidad de los sistemas de información.
De hecho, el 62% de los profesionales sanitarios y sociales reconoce que la dificultad más compartida es la escasa comunicación existente entre el sistema social y sanitario al depender de administraciones diferentes, la falta de historial compartido (49%) y de sistemas tecnológicos (46%).
Los itinerarios descoordinados y dificultades en el acceso simultáneo a servicios sociales y sanitarios se confirman desde ambas visiones: los y las profesionales constatan que solo en el 35,2% de los casos se presta atención de calidad a las personas con discapacidad, mientras que en el 60,6% de los casos de presta con calidad “algunas veces”. Por su parte, el 34% de las personas con discapacidad no han visto coordinación entre los profesionales sanitarios y sociales que les han atendido, el 51,9% nunca han contado con una persona de referencia para resolver sus dudas, el 38% no ha podido agrupar las citas en un mismo día y horarios y para el 29,3% su historial personal es desconocido cuando acceden a nuevos servicios.
“Aunque se trata de una cuestión universal, en el caso de las personas con discapacidad física y orgánica es especialmente importante que los recursos sociales y sanitarios estén coordinados y que garanticen atenciones flexibles y centradas en las personas”, ha destacado Fernández, quien ha defendido que “frente a un modelo centrado en los recursos, planteamos una atención centrada en las personas y en sus circunstancias”. “Para la continuidad asistencial es necesario un abordaje amplio y estructural, porque en la vida intervienen muchos elementos que tienen un efecto directo en la salud de las personas”, ha añadido.
Por otro lado, las personas con discapacidad encuestadas han indicado marcadas limitaciones en relación con los principales ámbitos de participación como, por ejemplo, el acceso en igualdad de condiciones al trabajo o la formación (78.5%, no lo tiene); el acceso a actividades de ocio (75% no lo hace), la conciliación en el ámbito laboral o educativo (74%, no la tiene), la satisfacción de la vida sexual (para el 67% es poca), la inadecuación de la vivienda (55%) y la dificultad para tomar decisiones y llevarlas a cabo (50%).
En base a los resultados del estudio, COCEMFE demanda reducir la demora en la atención, mejorar el acceso a la información sobre los recursos y servicios, una mayor coordinación entre profesionales y servicios dentro y entre el sistema social y el sanitario, así como una mejora de la accesibilidad de los servicios sociales y sanitarios en un sentido amplio y mayor desarrollo y despliegue de servicios clave para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
“La coordinación sociosanitaria va de derechos e igualdad de oportunidades”, ha destacado Fernández, quien ha concluido que “hay consenso en torno a la necesidad de pensar un modelo de atención social y sanitaria que ponga a la persona en el centro, que sea flexible y que posibilite atenciones longitudinales”.
