El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, Ana Mato, aprobó ayer la tercera Evaluación oficial prevista en la Ley de Dependencia, correspondiente al ejercicio 2013. Entre los resultados, a fecha 31 de diciembre de 2013, la ministra destacó que hay más beneficiarios con prestación, 753.842 frente a los 738.587 de 2011. Es decir un aumento neto de 15.255 personas. El 80% de los beneficiarios con derecho a prestación ya la tienen concedida, según dijo.
Asimismo, se incorporó al sistema nuevos beneficiarios con prestación. Un total de 224.810 desde 2011, al tiempo que, según el análisis del Gobierno y de las comunidades, hay menos personas pendientes de recibir prestación. Desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013, la lista de espera se redujo en un 37,73%, 115.438 personas menos. “Con posterioridad a la fecha de la evaluación, la reducción ha llegado al 39,8%, la cifra más baja desde la implantación de la Ley”, avanzó Ana Mato.
La ministra informó al Consejo Territorial del proyecto de real decreto por el que se unifican los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción. “Con esta medida se cubre una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad”, concluyó Mato.
Lucha contra la pobreza
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas aprobaron también en el Consejo Territorial el reparto del Fondo Extraordinario de 17,4 millones de euros para ayudar a las familias con menores a cargo y que se encuentren en una situación de pobreza material severa como consecuencia de la crisis.
De esta cantidad, 1,4 millones de euros están destinados a familias gitanas sin recursos económicos y los 16 restantes para atajar la pobreza de familias que tienen menores a su cargo que se dividirán según el indicador Arope, que mide internacionalmente la tasa de pobreza de los territorios.
Este último punto suscitó el rechazo de algunas comunidades que consideran que se penaliza a las regiones más pobladas, como por ejemplo Andalucía, según su consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Además, el Consejo abordó la situación de las personas sin hogar en España. Casi 23.000 personas, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven sin techo en España. Por ello, el Gobierno y las comunidades acordaron crear un grupo de trabajo, que asumirá la tarea de redactar un documento conforme a unos ejes que versarán sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.