La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA COCEMFE Madrid) ha solicitado a la Dirección General de la Vivienda y a la Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructura de la Comunidad de Madrid que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y velen por sus derechos.
Existen más de 1.000 denuncias sobre accesibilidad que no han tenido respuesta sancionadora al respecto. Ante este hecho, FAMMA ha instado a la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid a poner fin a la pasividad que hay a la hora de eliminar las barreras y a que termine con las reiteradas discriminaciones por inacción que se están cometiendo en esta área en la región madrileña.
En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “lo que queremos es que la Administración acabe con cualquier discriminación que dificulte la integración del grupo social de la discapacidad. Necesitamos hechos y que la Dirección General de Vivienda resuelva esta situación lo antes posible”.
La Federación, además, lamenta que se hayan suprimido las Áreas Estacionales y con ellas todo el trabajo realizado hasta el momento. Y, añade, que se han aumentado las trabas burocráticas que están provocando el bloqueo de las iniciativas impulsadas por representantes de las personas con discapacidad.
Por otro lado, FAMMA ha solicitado a la Consejería de Transportes su intervención en la regulación de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor, VTC. La entidad ha remitido al órgano de gobierno una serie de propuestas para que la prestación de estos servicios no excluya a las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Font destaca que “esta actuación sería un progreso en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. No cumplir con la legislación establecida, sin preservar los derechos de las personas con discapacidad, sería un acto deplorable”.
La Federación ha reiterado la importancia de esta intervención para que los VTC se conviertan en un servicio plenamente adaptado, cubran las necesidades de las personas con movilidad reducida (recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) y termine con la discriminación de este grupo social de la discapacidad.
La entidad pone de manifiesto la gran diferencia de precios a la hora de solicitar el servicio de coches adaptados. En concreto, Cabify penaliza con siete euros más por el recorrido a las personas que solicitan un vehículo de este tipo. La Federación puso en conocimiento de la empresa de transporte que este hecho supone la vulneración de la normativa que recoge la prestación de servicios a las personas con discapacidad.
Por último, FAMMA considera fundamental que esta regulación sea un proyecto en el que se trabaje de forma conjunta para lograr una ordenación que garantice el acceso de las personas con discapacidad o con movilidad reducida en igualdad de condiciones, ya que lo contrario vulneraría los derechos de las personas con discapacidad.
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