La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV) ha iniciado una campaña de incidencia política entre los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas para promover mejoras en la fiscalidad de las personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana.
Estas mejoras consisten en deducciones fiscales de hasta un 20% en el tramo autonómico del IRPF para obras de accesibilidad en la vivienda habitual y para aportaciones a planes de pensiones sobre una base máxima de 15.000 euros, tanto para tributación individual como conjunta.
Se tratan de medidas dirigidas a personas con una discapacidad reconocida oficialmente entre el 40% y el 64%, por tratarse de un grupo del colectivo con grandes necesidades por su discapacidad, como por ejemplo aquellas con movilidad reducida o con enfermedades raras o crónicas.
Juan Mondéjar, presidente de COCEMFE CV, ha señalado la fiscalidad como una herramienta para avanzar en la equidad y la cohesión social: “Con estas medidas pretendemos aliviar la presión fiscal de quien más lo necesita y contribuir a la autonomía personal de las personas con discapacidad, a través del mantenimiento de su entorno habitual de vivienda, el retraso del momento de ingreso en una residencia y la planificación de su futuro”, ha indicado.
COCEMFE CV se ha centrado en este grupo poblacional para garantizar una mayor protección social y autonomía personal. En este sentido, las personas con una discapacidad entre el 33% y el 40% son estadísticamente más autónomas y laboralmente más activas, en tanto que las discapacidades más severas (65%-75% y superior) gozan de una mayor protección, como no podía ser de otro modo.
La entidad valenciana ha hecho hincapié en dos problemáticas que afectan al colectivo, como son el acceso a una vivienda digna y accesible y la anticipación del proceso de envejecimiento que ocurre en estos casos.
En este sentido, las personas con discapacidad entre el 40% y el 64% presentan necesidades acuciantes de adaptaciones en las viviendas habituales y, sin embargo, a pesar de resultar más permeables al mercado de trabajo que las discapacidades severas, sus salarios no permiten, en la mayoría de los casos, afrontar los gastos extraordinarios derivados de la discapacidad, como pueden ser productos de apoyo, medicación y terapias no cubiertas por la red pública sociosanitaria, transporte adaptado, entre otras cuestiones.
Por otro lado, el acortamiento de la vida laboral, las dificultades de acceso o de mantenimiento del empleo por falta de adaptaciones o la todavía incipiente incentivación del autoempleo y del empleo con apoyo redundan en cotizaciones insuficientes o en bases reguladoras que conllevan prestaciones de jubilación incapaces de soportar el gasto añadido para llevar una vida digna y en igualdad de condiciones, por lo que los planes de previsión social pueden ser una solución complementaria.
