FEGADI COCEMFE y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía) han reclamado a la Junta de Andalucía negociar de forma “urgente” mejoras en la financiación de los centros que, en dicha comunidad, atienden a las personas con discapacidad y evitar así el cierre de estos espacios que actualmente arrastran graves déficit en materia de mantenimientos desde hace una década. Sendas entidades definen la solicitud como una “demanda urgente del mundo de la discapacidad de Andalucía”, circunstancia por la que exigen que “se aborde antes de que se cierre el nuevo presupuesto del próximo año”.
En este sentido, CERMI Andalucía rechaza la propuesta de la Junta andaluza en la que se incrementa el coste de las plazas para estos centros en tan solo un 2,6%, por considerarla “inaceptable e insuficiente” para mantener su actividad y garantizar unos servicios esenciales que solo prestan para este colectivo estas entidades.
La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha denunciado la “insostenible” situación que viven estos centros que están abocados al cierre si la Junta no mejora de manera inmediata su financiación, “ya que los costes actuales que soportan para la cobertura real de sus necesidades están muy lejos de los recursos aportados por la Administración autonómica”.
Castillo ha señalado además que “a todo esto se suma el año durísimo por la crisis de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario en las entidades para poder sufragar los gastos extraordinarios provocados por la COVID-19”. Circunstancia a la que se une actualmente “la subida en el suministro de la electricidad o el incremento del salario dirigido a los profesionales por los convenios acordados en los últimos años”.
Asimismo, en la reunión mantenida en septiembre con el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, se acordó abrir una comisión específica para abordar la situación de estos centros. Sin embargo, aún no se ha fijado fecha para ello, pese a la situación “límite y asfixiante” que sufren estas infraestructuras.
Esta situación deja ante un futuro incierto a 600 centros de estas características en Andalucía, lo que se traduce en 12.500 personas con discapacidad beneficiarias. Una cifra que se eleva a 30.000 personas si se habla de familias que hacen uso de tratamientos, terapias y actividades que contribuyen a mejorar el bienestar de dicho colectivo. Asimismo, estos centros sostienen más de 1.400 empleos, en su mayoría profesionales especializados en tratamientos hacia estas personas.
En lo que a Cádiz respecta, 97 personas con discapacidad física y orgánica acuden o viven en centros gestionados por FEGADI COCEMFE, una cifra a la que hay que sumar 150 personas más, procedentes de las distintas plantillas de personal.
