A pocos días de realizarse las elecciones generales 2021 en Perú, las mujeres con discapacidad que participan en el proyecto ‘Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú’, desarrollado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y que reúne a organizaciones de mujeres con discapacidad, recuerdan que son más de tres millones de personas con discapacidad quienes también emitirán sus votos en las urnas este 11 de abril.
Este proyecto es desarrollado por COCEMFE junto a la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú (FCPED), gracias a la financiación de la Cooperación Española (AECID) y Fundación ONCE y tiene como zonas de intervención Lima, Ayacucho, Puno, Ancash, Cajamarca y Loreto.
Las organizaciones que desarrollan este proyecto exigen a las candidatas y los candidatos a las elecciones de Perú que sus propuestas ayuden a desterrar los prejuicios a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad y hacen hincapié en las dificultades que afrontan diariamente para poder movilizarse, acceder a un puesto de empleo, emprender un negocio propio y hasta para poder ser madres si así lo desean.
“Cuando me presento a un trabajo me enfrento al prejuicio desde que entro a la entrevista laboral hasta que me retiro”, comenta Rocío Cubas, portavoz de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip), quien detalla que “los reclutadores no creen que sea capaz de asumir el rol y no me brindan una oportunidad”.
Por su parte, Lizzi Molina, portavoz de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú, señala que las personas con discapacidad enfrentan diariamente diferentes barreras para su desplazamiento en las calles y en el transporte público por ello deben gastar más dinero que el resto de personas para llegar a su destino.
“Esta pandemia golpeó al país, pero a nosotras aún más por las restricciones sanitarias para frenar la pandemia muchas perdimos nuestros empleos, emprendimiento y negocios propios”, defiende María Laura Muñoz, portavoz de Fenamudip, que añade que “no pedimos bonos sino oportunidades laborales”.
Este proyecto incide en que, en primer lugar, urge que el Gobierno en todos sus niveles (nacional, regional y local) articule una estrategia interseccional que garantice el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a los servicios de salud, eliminando las barreras de accesibilidad a los mismos.
Además, otra problemática que durante esta pandemia se ha agravado son los obstáculos para acceder al sistema de justicia en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. “Permanentemente enfrentamos barreras, desde el hecho de interponer una denuncia en la comisaría que nos impide ejercer nuestros derechos hasta obtener justicia”, sostiene Liliana Rojas, portavoz de Frater.
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