La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA-COCEMFE Madrid) solicita la eliminación de las barreras, tanto en grandes como pequeños comercios, para conseguir una igualdad de oportunidades en la actividad de consumo de las personas con discapacidad.
Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebró el pasado 15 de marzo, FAMMA reclama que se tenga en cuenta necesidades específicas para las personas con discapacidad como es la accesibilidad en los establecimientos y servicios que impiden un desarrollo total de dicha actividad.
El presidente de FAMMA-COCEMFE Madrid, Javier Font, hace hincapié en que “desde la Federación alertamos de la urgencia de fomentar las normativas y ayudas por parte de la Administración Pública, para minimizar la condición del ‘consumidor vulnerable’” y añade que “las personas con discapacidad engloban un grupo de consumidores que cada día continúan siendo excluido por parte de muchos comercios, siendo damnificados los principios de no discriminación y acceso universal”.
El concepto de “consumidor vulnerable” fue introducido en la Nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, puesta en marcha por la Comisión Europea a finales del 2020. En ella, se abordan los aspectos específicos a cumplir y enfocados en que se reduzca dicha condición. Con el objetivo de poner en marcha iniciativas y medidas que contribuyan a un comercio más inclusivo, FAMMA reivindica el cumplimiento de esta agenda, así como la del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (2021/675).
FAMMA-COCEMFE Madrid señala que, por primera vez, España ha puesto el foco de atención en la figura del ‘consumidor vulnerable’, donde son incluidas las personas con discapacidad, y su protección con la aprobación de esta nueva normativa. Sin embargo, recuerda que aún queda un largo trayecto con el que alcanzar la inclusión total de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo, por lo que incide en la urgencia de reforzar medidas y políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
