El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, pidió este jueves al Gobierno “un esfuerzo contundente” para que el transporte de viajeros sea “accesible” a las personas con movilidad reducida de modo que “puedan viajar con libertad por toda España”.
En una entrevista concedida a Servimedia por el 40 aniversario de la entidad, Queiruga criticó la falta de accesibilidad en estaciones y trenes, así como las pocas plazas reservadas para personas usuarias de sillas de ruedas. En la actualidad, los AVE “sólo tienen dos plazas reservadas” para sillas de ruedas, señaló, “aunque el nuevo material rodante ya permite la posibilidad de habilitar más espacio si es necesario”.
Sin embargo, los nuevos trenes AVLO (el servicio ‘low cost’ del Ave) “mantienen las dos únicas plazas reservadas”, algo “inaceptable y que en la práctica limita la vida de las personas con movilidad reducida que quieren viajar”, destacó Queiruga.
Por otro lado, Queiruga criticó que el nuevo material rodante de Renfe -adquirido recientemente- sigue sin permitir el acceso directo desde el arcén. “Se ha perdido la oportunidad de dar un paso para lograr que las personas usuarias de sillas de ruedas accedan a los trenes sin la necesidad de plataforma”, apuntó, “algo que complica mucho las cosas”.
Mención aparte merece la situación de los Cercanías, que a juicio de Queiruga resulta “indignante”. “Es algo que afecta directamente al día a día de las personas con discapacidad, que necesitan este transporte para ir a trabajar, a estudiar”. “Muchas estaciones resultan inaccesibles y, además, los trenes tampoco están adaptados”, e instó a Fomento y a las comunidades autónomas a “hacer un esfuerzo” en este terreno.
PROPIEDAD HORIZONTAL
Por otro lado, Queiruga reiteró la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de que todos los edificios de viviendas sean accesibles y “ninguna persona se encuentre encerrada en su propia casa”. “Llevamos en esto desde 1982, y siempre con parches. Falta el paso definitivo”.
En modificaciones anteriores de la ley, se suprimió la posibilidad de que un único vecino bloquee la reforma y se permitió la utilización del espacio público para instalar ascensores o cualquier otro elemento necesario de cara a la accesibilidad del edificio.
Sin embargo, cuando el coste de la obra supera las doce mensualidades de la comunidad, los vecinos dejan de estar obligados. “En la práctica, esto impide que muchas obras de envergadura (y en general las reformas de accesibilidad lo son) salgan adelante”, lamentó Queiruga.
Por eso, pidió la creación de un fondo estatal y el acuerdo entre comunidades autónomas y ayuntamientos para que, aquellos vecinos con pocos recursos, puedan hacer frente a dichos gastos.
“Lo que no es de recibo es que una persona con discapacidad viva encerrada en su casa en pleno siglo XXI”, declaró, “y esto sucede en muchos pisos en la actualidad”.
Durante la entrevista, Queiruga confesó sentirse “frustrado” en lo referente a la accesibilidad. “Llevamos reclamando desde hace 40 años y aquí seguimos. No es sólo dinero, sino falta de voluntad política”.
Además, prosiguió, “la accesibilidad beneficia a toda la población, no sólo a las personas con discapacidad”. “Es una cuestión de derechos humanos y no entiendo que nos cueste tanto avanzar”, concluyó.
