La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con motivo del Día de las Naciones Unidas que se conmemora mañana 24 de octubre, quiere hacer un llamamiento para el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por más de 150 países, entre ellos España, que suscribió la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008. A partir de ese momento la Convención forma parte del Ordenamiento Jurídico español, máxime desde que en 2011 se aprueba la Ley que adapta la normativa española a la misma.
El presidente de COCEMFE, Mario García, afirma que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el hecho social, político y normativo más destacado en materia de discapacidad de los últimos tiempos, ya que este instrumento ha supuesto la visibilidad del colectivo dentro del sistema de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos y, por último, constituye una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos”.
Según asegura Mario García, “todavía hay muchos países donde los derechos de las personas con discapacidad no están reconocidos. Por eso, después del proceso de ratificación de la Convención y de su Protocolo Facultativo, es necesario pasar de las palabras a los hechos, del plano formal a la aplicación real de lo que esta Convención significa, trasladando a las legislaciones nacionales y a las políticas de todas las administraciones los derechos de las personas con discapacidad de manera efectiva y con garantías para su completo ejercicio”.
En España, aunque la renovación normativa ha sido muy destacada para dar cumplimiento a los preceptos de la Convención de Naciones Unidas, todavía quedan tareas pendientes y sobre las que hay que actuar prioritariamente para incorporar el punto de vista inclusivo y el respeto a los Derechos Humanos.
“Especialmente, en nuestro país y en momentos en que lo conseguido por el colectivo de personas con discapacidad, como es el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) corre peligro por falta de los recursos públicos necesarios para su sostenimiento, es necesario defender los derechos conseguidos y reivindicar que se continúe avanzando en cuestiones pendientes, como son la imprescindible renovación de las normativas regionales y locales en cuestiones como la accesibilidad o la educación inclusiva y el cumplimiento estricto por las distintas Administraciones de los plazos que las leyes, especialmente la Ley General de la Discapacidad, establecen en materia de accesibilidad e inclusión social”, señala el presidente de COCEMFE .