El PP ha rechazado admitir a tramitación la proposición de ley presentada por CiU para incorporar cláusulas sociales en la contratación pública alegando que actualmente está concluyendo la negociación y revisión de una nueva directiva europea de Contratación de las Administraciones y emplazando a la oposición a esperar hasta el momento de la trasposición para ver qué se puede hacer en este sentido sin conculcar la normativa comunitaria.
Según informa Europa Press, a pesar de que prácticamente todos los portavoces de los grupos de la oposición han instado a los populares a reconsiderar su postura y a aceptar una iniciativa “de sensibilidad” que, pese a carecer de impacto presupuestario, puede provocar un importante cambio social, el partido que da sustento al Gobierno ha perseverado en su negativa a tramitar el texto.
Así, el portavoz “popular” de Discapacidad, Francisco Vañó, ha reconocido que la propuesta es “muy loable en cuanto a sus fines” pero que puede perjudicar a la libre concurrencia e igualdad en el acceso a los contratos públicos, uno de los “principios rectores” de la UE. “No conviene desvestir a un santo para vestir a otro”, ha recomendado.
Además, ha recordado que la regulación de la contratación de las administraciones depende también de Bruselas, que “no ha dejado demasiados resquicios” para incluir criterios sociales en la adjudicación de contratos. No obstante, actualmente la directiva en cuestión está “en revisión” por lo que cuando concluya ese proceso y comience la trasposición a la normativa nacional “se podrá reformar en profundidad la actual Ley de Contratos del Sector Público o incluso elaborar una nueva”.
“Aún no es el momento de plantear la modificación de esta ley. El PP participa del espíritu de la iniciativa, pero las modificaciones propuestas adolecen de una planificación parcial y muy localizada, que descuida las consecuencias legales y procedimentales en la contratación pública y que presenta graves problemas de adecuación a las exigencias y principios generales de la libre concurrencia e igualdad que deben regir los contratos públicos. No es que nos opongamos rotundamente, sino que no es el momento adecuado y deberíamos esperar”, ha añadido Vañó.
El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, había pedido poco antes a los “populares” que “reflexionen” y sean “coherentes” con sus planteamientos en las diferentes instituciones aceptando tramitar esta proposición, que aspira a “promover una contratación pública responsable para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social”.
Así, plantea exigir que se acredite la reserva obligatoria del 2% de personas con discapacidad antes de participar en una licitación si el contrato está vinculado al fomento del empleo, la prohibición de acceder a subvenciones si no se cumple ese requisito, la inclusión en el objeto de los contratos de criterios sociales (como el número de personas con discapacidad que lo ejecutarán o la igualdad entre hombres y mujeres), y la reserva del 7% del importe total anual de la contratación a los Centros Especiales de Empleo o Empresas de inserción.
“Incompresible e injustificable”
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera “incomprensible e injustificable” la negativa del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados a tomar en consideración la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) para introducir cláusulas sociales en la normativa reguladora de la contratación pública en España.
Según informa Servimedia, con la oposición popular, evidenciada en la votación que se produjo en el Congreso de los Diputados, “se frustra una iniciativa legislativa oportuna y necesaria, que promueve objetivos sociales como el empleo, la inclusión y la accesibilidad, y que fue apoyada por el resto del arco parlamentario y tenía el respaldo firme de las entidades más representativas de la sociedad civil organizada”, indica el comité en una nota.
El CERMI “deplora” la negativa del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, que “mantuvo en solitario una posición contraria a la generalización y obligatoriedad de las cláusulas sociales, con argumentos inconsistentes y peregrinos, propios de una tecnocracia anquilosada y lejanos de las visiones más progresivas de lo que debe ser una Administración pública realmente al servicio de la ciudadanía”.
“Con la frustración de esta iniciativa legislativa, se niegan salidas a la sociedad civil emprendedora, que trabaja en la esfera de los grupos sociales situados en posiciones de mayor vulnerabilidad”, añade la nota, por lo que el CERMI reclama al Partido Popular que “reconsidere su negativa a las cláusulas sociales, que son una herramienta útil a favor de la inclusión y contra los efectos de la pobreza”.