La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) felicita a Carmen Montón por su nombramiento como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y espera que colabore con el resto del Gobierno para que todas las políticas tengan en cuenta transversalmente a las personas con discapacidad y se lleven a cabo medidas que favorecerían la inclusión de este grupo social y que afectan a varios ministerios como, por ejemplo, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal.
Montón, licenciada en Medicina, deja de esta manera su puesto de consellera de Salud en la Comunidad Valenciana, donde se mostró a favor de la derogación del Real Decreto 16/2012, ya que ha asegurado que “los recortes y copagos no funcionan como ahorro, sino que afectan a la calidad, seguridad clínica y producen discriminación en el acceso e inequidades”.
“Desde COCEMFE esperamos que además de eliminar recortes y copagos sociosanitarios, el nuevo Gobierno lleve a cabo las medidas necesarias para que todas las personas con discapacidad podamos llevar a cabo el modelo de vida que decidamos”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Para ello, COCEMFE considera necesario que aborden temas como la modificación del baremo de discapacidad para que se reconozcan oficialmente los derechos de este grupo social, la renovación del catálogo ortoprotésico, el impulso de la figura de la asistencia personal y la generalización de la accesibilidad en el país.
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, destaca que “la asistencia personal significa ese paso diferencial respecto a lo que puede ser la ayuda a domicilio o la figura de la persona cuidadora” y por ello considera que “es fundamental la puesta en marcha de una vez por todas de la asistencia personal con la intensidad y cuantía económica necesarias”.
Por último, COCEMFE tiende su mano para que Montón cuente en esta etapa con el movimiento asociativo de manera permanente como interlocutor válido para que las políticas del país respondan a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad e impulsar así el ejercicio de sus derechos.
