La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los gobiernos nacionales son los que “desempeñan la función más significativa” para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en este sentido les recomienda que asignen “recursos suficientes a los servicios existentes de financiación pública” y financien “de forma apropiada la aplicación de la estrategia” y los planes de acción nacionales sobre discapacidad.
Estas recomendaciones forman parte del Informe Mundial sobre la Discapacidad correspondiente al año 2018, en el que destaca que en los países de ingresos altos, entre el 20% y el 40% de las personas con discapacidad no tienen cubiertas sus necesidades de asistencia para las actividades cotidianas.
Además, esta entidad lamenta que “la formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad” y critica la falta de accesibilidad a edificios y transportes y los prejuicios que todavía tiene la sociedad al respecto de las personas con discapacidad, puesto que “constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social” de este grupo social.
Como resultado de estas barreras, la OMS alerta de que las personas con discapacidad presentan peores resultados sanitarios, peores resultados académicos y tasas más altas de pobreza.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos “asignar recursos suficientes a los servicios existentes de financiación pública, y financiar de forma apropiada la aplicación de la estrategia” y los planes de acción nacionales sobre discapacidad, así como “emprender campañas de comunicación para aumentar el conocimiento y la comprensión públicos de la discapacidad” y “establecer mecanismos para que las personas con discapacidad y terceras partes presenten denuncias sobre cuestiones de derechos humanos y sobre leyes que no se aplican o cumplen”.
Por último, le pide al sector privado que facilite el empleo para las personas con discapacidad, que asegure que los proyectos de construcción, como espacios públicos, oficinas y viviendas incluyan un acceso adecuado para las personas con discapacidad y que los productos, sistemas y servicios de la tecnología de la información y comunicación sean accesibles para este colectivo.
