El Tercer Sector urge a los partidos políticos a reformar la Constitución

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El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, manifestó ayer la necesidad de reformar la Constitución Española, porque “los derechos sociales no están reconocidos como fundamentales”, y a su juicio deben estar en “primera división” y no “en segunda” durante el encuentro “Cara a Cara Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo’, que se celebró en el Salón de Actos de Fundación ONCE.
El acto fue inaugurado por Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, y reunió a personas del Tercer Sector y del ámbito político a fin de analizar las principales necesidades sociales.
El presidente de la PTS subrayó también la importancia de que se desarrolle urgentemente la Ley del Tercer Sector de Acción Social, de forma que se mejore la interlocución con el entorno empresarial y con las administraciones públicas.
Por su parte, Estrella Rodríguez, directora de Estudios e Innovación de Cruz Roja Española y presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, ahondó en esta idea precisando que “queremos ser un interlocutor social reconocido en mayúsculas, con peso en las negociaciones”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de acordar un modelo de financiación sostenible para el sector.
En representación del ámbito político intervino en primer lugar Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, quien se refirió al contexto político actual manifestando que “es duro enfrentarse a una campaña electoral con esta sensación de fracaso, y es más duro todavía cuando uno ve la realidad del país, cuando uno ve el enorme trabajo que hace la gente del Tercer sector para atender las necesidades de los más vulnerables. No sería honesto dirigirme a ustedes sin reconocerlo”.
Además, mostró la disposición de la formación naranja a reformar la Constitución, y aseguró que el crecimiento del empleo no ha solucionado el problema de la desigualdad, porque “tenemos un empleo muy precario con muy bajas cotizaciones y siete millones de personas que trabajan en riesgo de exclusión”.
Mientras, Pablo Padilla, diputado de Podemos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, comentó que “hay que blindar los derechos sociales, hay que hacer una fiscalidad más progresiva”. También se mostró favorable a alcanzar un pacto de estado en materia de dependencia “para que todo el peso no recaiga siempre sobre las familias” teniendo como referencia el modelo danés.
“Desde podemos entendemos que el tercer sector tiene un papel crucial, no sólo porque durante la crisis ha tenido que multiplicar su atención, sino que tienen una labor crucial en el diseño de las políticas públicas”, agregó Padilla.
Por otro lado, Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la evaluación de las políticas públicas que se ponen en marcha, y recordó que su partido derogará la reforma laboral “para acabar con los empleos precarios”.
Del mismo modo, Carcedo manifestó el compromiso de su partido para incluir los derechos sociales como fundamentales, la aprobación de un sistema de rentas mínimas para quienes no tienen ningún tipo de ingreso, y el fortalecimiento del Tercer Sector, de modo que se le tenga en cuenta en los ámbitos de decisión de las políticas públicas sociales.
Por último, Gonzalo Robles, secretario de Participación Social del PP, denunció que la pobreza aumentó en mayor medida de 2007 a 2001, y explicó que lo fundamental es que “el crecimiento actual se traduzca en mayor igualdad”. Además, sobre las críticas por los ajustes presupuestarios que le dirigieron representantes de las otras formaciones políticas, Robles comentó que “los poderes públicos no han abandonado, sino que han tenido que ajustar el gasto” a consecuencia de la reducción de ingresos durante los últimos ejercicios.

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