El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, presidió ayer el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en la sede ministerial de Madrid, donde manifestó su acuerdo con las comunidades autónomas en buscar un consenso y evaluar la Ley de Dependencia, que este año cumple una década. En concreto, dijo que su intención es “crear un clima” en el que un pacto de Estado sea posible “y no estar discutiendo todo el día”.
Igualmente, mostró su “agrado” ante la propuesta de un pacto de Estado en Dependencia, con una “evaluación específica de la ley”, tras haberla desplegado “al cien por cien” el año pasado e intentar, según él, que el sistema “pudiera sobrevivir”.
Durante su intervención, Alonso anunció que el punto estrella de la reunión fue el reparto de más de 75 millones de los Presupuestos Generales del Estado para prestar servicios sociales, la mayoría, 48 millones, para el Plan de Apoyo a la Familia y a la Infancia. También habrá más de 27 millones para el Plan Concertado y 412.500 euros para el Plan de Desarrollo Gitano. En suma, subrayó el ministro, se reparte un 27% más que el año pasado, por lo que subrayó que el Gobierno ha hecho “un esfuerzo importante”.
Aunque la dependencia quedó fuera del orden del día, el ministro subrayó que durante el encuentro se habló de la constitución de un grupo de trabajo para evaluar la ley. Según dijo, ese grupo está “en marcha ya” y servirá de “base” para llegar a “un consenso” en materia de dependencia. No obstante, “necesitamos que arranque la legislatura”, con la esperanza de que el sistema de dependencia se sienta como “propio” por parte de los gobiernos autonómicos y “no como un elemento arrojadizo”.
Ante las críticas de algunos consejeros, subrayó que este grupo de trabajo se aprobó en la anterior reunión, “está constituído” y tendrá una reunión a principio de mayo, pero que no se ha puesto en funcionamiento antes porque las comunidades autónomas no han enviado a sus representantes siguiendo los criterios propuestos por el Ministerio.
Respecto a las acreditaciones de los cuidadores de las personas dependientes, el responsable de Sanidad recordó que es competencia autonómica. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconoció que esa acreditación se está haciendo “a un ritmo distinto” y que algunas autonomías han solicitado una acreditación a nivel nacional en la que se está trabajando.
Se va a hacer, pero se necesitan los datos de todas las comunidades autónomas”, añadió la secretaria de Estado, Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, que matizó que las comunidades tienen que ir acreditando “en paralelo”.
En la reunión también se indicó que en la primera semana de mayo se publicará la convocatoria de ayudas de la “X Solidaria” de la declaración de la renta. Según dijo, el crédito asciende a 235 millones, 14 millones más que el ejercicio anterior. Por ello animó a los ciudadanos a marcar “las dos casillas”, en referencia también a la de la Iglesia, porque “su solidaridad llega”.