El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado una reforma constitucional en la que se tengan en cuenta la discapacidad y los derechos sociales, y no sólo asuntos de carácter territorial.
Así se ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante un encuentro informativo en Servimedia, donde se han analizado algunas de las propuestas más importantes de la entidad de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. El acto ha estado moderado por el director general de la agencia, José Manuel González Huesa.
El presidente del CERMI se ha referido de esta forma a la posible reforma constitucional que varios partidos políticos han planteado para la próxima legislatura. En su opinión, la modificación de la Carta Magna debería servir “para decir y afirmar que estamos como país en una posición de madurez económica y política” tras 40 años de democracia para hacer realidad una cosa “tan debida como la constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales”.
Pérez Bueno ha manifestado además que “si tenemos un marco constitucional más exigente, los efectos de la crisis económica actual y futuras serían menores, y contaríamos con un mejor marco de protección social”.
Por otra parte, de cara a las próximas elecciones generales, el máximo representante del CERMI ha recordado la exigencia del Comité de que se incremente la presencia de personas con discapacidad en las listas electorales. Así, aunque ha reconocido que la participación de estas personas se ha incrementado, “los partidos todavía no han asumido a la hora de confeccionar sus listas la dimensión inclusiva, no tienen presente que la diversidad está ahí, y si se quieren parecer a la sociedad a la que pretenden pedir su confianza para gobernar y servir, tienen que parecerse a ella”.
En este sentido, ha reclamado una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) “para que haya una obligación en las listas de que al menos de cada diez puestos una persona tenga discapacidad, que es la proporción aproximada que suponen estas personas en el conjunto de la sociedad española.
En cuanto a la imposibilidad de que unas 80.000 personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o con deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto, Pérez Bueno ha denunciado que “es una anomalía enorme que hiere no sólo la sensibilidad, sino cualquier visión exigente de los derechos humanos”, y ha tildado este asunto de “negación de la democracia”.
Además, ha recordado que esta medida no tiene ningún coste económico para las arcas públicas, puesto que sólo se trata de modificar la legislación actual. En su opinión, el problema es que “en el imaginario de muchos políticos y gobernantes permanece la idea de que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental son influenciables, son ciudadanos de segunda que pueden estar sometidos a riesgo de mediatización política”.