El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y los consejeros autonómicos de Servicios Sociales y Dependencia acordaron ayer miércoles 7 de octubre crear un grupo de trabajo para evaluar globalmente la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y considerar la creación de “un nuevo pacto por la Dependencia” en la próxima legislatura.
La creación de este grupo se acordó por unanimidad en la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Según informa Servimedia, el ministro señaló que “el objetivo de este grupo será analizar globalmente la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, yendo por tanto más allá de las evaluaciones anuales requeridas por la propia norma, para conocer qué aspectos se están desarrollando bien y en cuáles puede mejorarse”.
“Creo que (la revisión de la norma) es necesaria, una vez que ha culminado el calendario de implantación de la ley, para ver qué ha funcionado bien y qué menos bien”, afirmó el titular de Servicios Sociales, que aseguró que el Ejecutivo no está cerrado a debatir sobre ningún aspecto, aunque sea el de la financiación.
Además de este grupo de trabajo, Ejecutivo y autonomías acordaron crear otro para evaluar los resultados de la aplicación del baremo de dependencia, aprobado en febrero de 2011, y presentar sus conclusiones en los próximos meses.
Durante la reunión se aprobó el sistema de acreditación en la cualificación de categorías profesionales del sistema de dependencia, que pretende “garantizar la profesionalización del sector y la calidad del empleo”. Entre los acuerdos adoptados al respecto figura una habilitación excepcional para los mayores de 55 años a fecha de 31 de diciembre de 2015. Esta habilitación se hará en las categorías profesionales de cuidador/gerocultor, auxiliar de ayuda a domicilio y asistente personal que cuenten con una experiencia de al menos tres años y con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esta categoría profesional en el último decenio.
El pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia analizó las propuestas de entidades sociales para culminar el documento base de la Atención Sociosanitaria, destinado a aunar la atención social y sanitaria que reciben los ciudadanos, que “tienen necesidades sociales y sanitarias”. El documento, que ya analizó el Consejo Territorial de Salud, requiere no obstante de más trabajo, tal y como reconoció el ministro, que aseguró que es “una prioridad” para su departamento.
Además Alfonso Alonso pidió a las CCAA que colaboren para apoyar a los afectados por la talidomida, sobre todo en la valoración de la discapacidad para que tengan acceso a las prestaciones derivadas; y anunció la conclusión del trámite para proceder al reparto de las subvenciones sociales con cargo al IRPF, cuyo importe es de casi 221 millones de euros.